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Cartas del lector
» América Latina:
la nueva estrategia Norteamericana
Documento de Santa Fe II
América Latina —«patio trasero» de los Estados Unidos según los de¬signios imperiales de sus círculos dirigentes— es fuente para éstos de constante zozobra, porque décadas de intervenciones directas e indi¬rectas sólo les han permitido controlar a medias el proceso social; no han conseguido abolir la voluntad de cambio ni sepultar el espíritu de rebelión.
» El enemigo de la naturaleza

Compartiremos algunas reflexiones sobre la crisis global de la destrucción ecológica. Creo que Cuba es el único lugar sobre la Tierra donde esta crisis, la mayor que haya afectado a la civilización, puede analizarse completa y pro. fundamente. Cuba se ha ganado esta distinción por haberse convertido en la primera sociedad moderna que adopta una política agrícola capaz de llegar a la sustentabilidad. Aunque sabemos que esta transformación fue el fruto de penosas circunstancias, también apreciamos que está relacionada orgá­ nicamente, si me permiten usar la expresión, con el heroísmo del puebla cubano y su defensa del socialismo.

 
 
 
 
América Latina: la nueva estrategia norteamericana
Documento de Santa Fe II

América Latina —«patio trasero» de los Estados Unidos según los de¬signios imperiales de sus círculos dirigentes— es fuente para éstos de constante zozobra, porque décadas de intervenciones directas e indi¬rectas sólo les han permitido controlar a medias el proceso social; no han conseguido abolir la voluntad de cambio ni sepultar el espíritu de rebelión.
De ahí el esfuerzo constante por descubrir las vías estratégicas más adecuadas, el empleo de los métodos más eficaces. A cada período una política y a cada Administración los instrumentos de análisis que le permitan su diseño más adecuado. Ronald Reagan tuvo así su códi¬go de conducta: se apoyaba en el documento preparado para el Con¬sejo Interamericano de Seguridad del gobierno de los Estados Unidos, el llamado Comité de Santa Fe'. George Bush tiene ahora el suyo. El mismo equipo que preparó el memorándum anterior ha elaborado el «Documento de Santa Fe II» 2, cuyas sugestiones y propuestas debe rán inspirar la política hemisférica del nuevo mandatario norteamericano.

No necesitamos poner mayor énfasis en la importancia que tiene el conocimiento del presente texto.

Declaración resumen

Estados Unidos y el sistema interamericano se enfrentan a enormes problemas en América Latina. La crisis de Centroamérica continúa sin resolverse y turbulentas corrientes que se encuentran en acción en América del Sur están siendo pasadas por alto a riesgo nuestro. La deuda, el terrorismo, las drogas, los estados depredadores, las enor
do del Instituto de Estudios Interamericanos de la Universidad de Miami. Es comentarista regular de Radio América sobre problemas latinoamericanos y ha publicado numero¬sos trabajos sobre asuntos estratégicos y relacionados con América Latina. Es candida¬to a Doctor en la Universidad Católica. Obtuvo su M. A. en la Universidad de Georgetown y su B.A. en la Universidad de Dallas.

Dr. Rogar W. Fontaine
Es actualmente un escritor por cuenta propia de Washington. Ha sido jefe de la corres¬ponsalía diplomática del «The Washington Tirnes». Ha sido asesor especial del perso¬nal del Consejo de Seguridad Nacional para América Latina y director del programa de Estudios Latinoamericanos e Internacionales en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad de Georgetown. Ha ocupado diferentes cargos do¬centes e investigativos. Posee una vasta experiencia en radio y televisión y ha escrito numerosos libros y monografías sobre América Latina. Obtuvo su Ph. D. y su M.A. en la Universidad John Hopkins y un B.A. en la Universidad de Valparaíso.

Dr. David C. Jordan
Imparte clases actualmente en la Universidad de Virginia. Fue embajador de Estados Unidos en Perú, consultor del gobierno y de empresas privadas de Estados Unidos y formó parte de la junta editorial de Strategic Review u Comparativa Strategy. También fue presidente del Departamento Woodrow Wilson de Relaciones Exteriores y de Go¬bierno durante ocho años. Ha publicado numerosos trabajos sobre América Latina y las cuestiones estratégicas. Obtuvo su Pf. D. en la Universidad de Pennsylvania, el LI.B. en la Universidad de Virginia y su B.A. en Harvard.

Tte. Gral. Gordon Summer (hijo) (USA-Ret)
Es presidente del Consejo de Seguridad Interamericana y fue nombrado embajador es¬pecial por la Administración Reagan. Ha servido en Vietnam, ha sido asignado al Se¬cretario de Defensa como Auxiliar Militar Superior y al Estado Mayor Conjunto como Jefe en la División del Hemisferio Occidental. Director de Planes y Políticas. En agosto de 1975 fue promovido a Tte. Gral. y se desempeñó como presidente de la Junta Intera¬mericana de Defensa. Ha sido condecorado con las medallas Estrella de Plata, Estrella de Bronce «V», Emblema (con 13 Oak Leaf Clusters) y Purple Heart, entre otros. El Gral. Summer obtuvo un B.A. en la Universidad Estatal de Lousiana, un M.A. en la Universidad de Maryland y ha concluido un trabajo en curso para un grado de doctor en la Universidad Americana.

mes migraciones, las insurgencias comunistas y la corrupción son só¬lo parte de este escenario. El Documento de Santa Fe II es una estrategia para atacar estos problemas y promover la democracia, la libertad y la oportunidad económica para toda la región en una forma proacti¬va en lugar de reactiva.
Cuando el gobierno de Reagan tomó el poder, América Latina y la política exterior de Estados Unidos hacia ese continente se reflejan mutuamente: ambas estaban en completo desorden. El Documento Santa Fe I, que se publicó en 1980, fue concebido para abordar algu¬nos de los problemas más inmediatos que enfrenta Estados Unidos. La misma ayudó a concentrar la percepción norteamericana de cómo debía verse a América Latina en un contexto geoestratégico; advirtió la crisis de endeudamiento que se vislumbraba, estimuló los esfuerzos en pro de la democracia y el surgimiento de programas tales como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y Radio Martí.

Pero no todas las propuestas del Documento Santa Fe II fueron aplicadas adecuadamente, ni todos los problemas pudieron resolverse en sólo ocho años, por lo que el Documento Santa Fe II además de seguir el sello innovador de su predecesor, también es un producto de la necesidad. Como ocurrió hace ocho años, el sistema interamerica¬no, especialmente la OEA, permanece subutilizado y de hecho, ha si¬do testigo de un mayor deterioro en los últimos años. Por tanto, los autores del Documento Santa Fe II, trataron de proporcionar una es¬trategia de régimen que vaya más allá del establecimiento de un siste¬ma electoral, que, si es seguida por la próxima administración pueda proporcionar estabilidad a situaciones políticas que de otra forma pu¬dieran ser explosivas e inestables. Especialmente esto significará apun¬talar a organizaciones independientes dentro de las sociedades latinoamericanas, educar a las personas y enfrentar fuerzas marxistas y otras fuerzas políticas y culturales estatistas.

El Documento la Declaración de Santa Fe II, centra particular aten¬ción en la economía, con el argumento de que la democracia necesita un grado de racionalidad de política en la esfera económica. Los siste¬mas socialistas dirigidos de forma centralizada no producen ni igual¬dad ni riqueza. No basta con proponer planes para que las naciones deudoras paguen el interés de sus deudas, se tienen que trazar estrate¬gias que les permitan salir del ciclo de endeudamiento y generar aho¬rros y crecimiento reales. Se condenan el estatismo, los aparatos burocráticos gigantescos y la nacionalización, al tiempo que se esti¬mulan la formación de mercados de capital nacionales, la supresión de regulaciones y la privatización de compañías paraestatales existen¬tes. Además de defender los valores de la empresa estatal en oposición al capitalismo de Estado, los autores también proponen medidas que van desde la prolongación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe hasta la preservación de los bosques tropicales.

Los problemas del terrorismo, los insurgente graciónlinmigración son identificados como factores desestabilizado¬res que contribuyen al carácter volátil y a la falta de seguridad de los regímenes democráticos latinoamericanos y que también a nosotros nos afectan en mayor o menor medida en nuestro país, la red de terro¬rismo se extiende desde Chiapas, en México, hasta el sur de los An¬des, en Chile. El pasado año, los norteamericanos emplearon más dinero importando drogas ilegales desde América Latina que en ali¬mentos• evidentemente, estos son problemas que no desaparecerán. Pa¬ra comenzar a resolverlos, los estrategas políticos norteamericanos tienen que reconocer la crisis que enfrentan y estar preparados para adoptar medidas especiales.

Sin embargo, sus primeros pasos deben estar dirigidos a fortalecer la capacidad normal —y legal— de los sistemas judiciales que tienen que llevar el peso de la tarea.
La última sección analiza los problemas y las oportunidades que enfrentarán algunos países latinoamericanos especialmente importan¬tes. México, Colombia, Brasil, Cuba y Panamá son examinados por separado por las cuestiones específicas que los estrategas políticos nor¬teamericanos tendrían que enfrentar a la hora de formular respuestas para sus turbulentas políticas.
La crisis existente en América Latina no ha sido resuelta; los pro¬blemas han cambiado, pero son tan graves, o peores que los de 1980. Hemos sido testigos de una falta de comunicación y una persistente confusión, esto tiene que terminar. Los estrategas políticos de Estados Unidos tienen la obligación de informar al pueblo lo que ocurre —los formuladores de decisiones tienen que ser claros y específicos en lo referente a cuáles son los problemas que enfrenta Estados Unidos y qué se proponen hacer para resolverlos. El Documento Santa Fe II es una guía para el camino que han de transitar.

La amenaza para las Américas

Las Américas aún son objeto de ataque. Advertimos de este peligro en 1988. El ataque se manifiesta en la subversión comunista, el terro¬rismo y el narcotráfico. La capacidad de lucha de las democracias la¬tinoamericanas para combatir estos ataques ha sido socavada por un estancamiento económico de toda la región, agravado por la deuda. La violencia política y el empeoramiento de la pobreza resultantes, han producido una creciente crisis de emigración, tanto dentro de la re¬gión como procedente de ésta. A pesar de los esfuerzos iniciales del gobierno de Reagan para hacer frente a estos problemas y sus causas fundamentales, la situación, lejos de mejorar, se ha vuelto más grave en el momento en que Estados Unidos se encamina hacia la última década del Siglo xx.
Gran parte de la falta de progreso puede atribuirse al hecho de que no se ha llegado a un acuerdo bipartidario que aborde los problemas de América Latina con un enfoque coherente y eficaz.

Problemas en el horizonte

La red comunista subversiva y terrorista se extiende desde Chiapas en la parte sur de México hasta Chile, haciendo de toda la costa del Pací¬fico, al sur del Río Grande, un escenario de conflicto abierto. Es evi¬dente que la estrategia de conflicto comunista para la región es obtener el poder, o por lo menos, involucrar a las fuerzas de seguridad occi¬dentales en prolongadas operaciones simultáneamente en varios paí¬ses. La magnitud de esta operación tiene la implicación estratégica de reducir los compromisos futuros de Estados Unidos en el continente euroasiático y aumentar así la capacidad de coerción soviética.
Esto es real, incluso si se produce una reducción de las fuerzas nu¬cleares estratégicas soviéticas, debido a los acuerdos sobre control de armamentos. Al mismo tiempo, la estrategia de conflictos soviética ex¬tiende las posibilidades de Estados Unidos para enfrentar sus respon¬sabilidades mundiales.

Esta amenaza terrorista subversiva no disminuyó, sino creció en la pasada década. Nicaragua y Cuba, Estados satélites de la Unión Soviética en el hemisferio se han involucrado en el narcotráfico y esta¬blecido relaciones posiblemente dominantes y de cooperación con la mafia que se dedica a las drogas en Colombia.
Los vastos recursos que produce el narcotráfico han aumentado la capacidad de la amenaza subversiva, más allá de lo que se concibió inicialmente. La posibilidad de tener que involucrar las fuerzas milita¬res norteamericanas para combatir esta amenaza está públicamente ex¬puesta ante Comités del Congreso.
Al mismo tiempo, las economías latinoamericanas se tambalean con tasas de crecimiento sólo marginalmente positivas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) en su informe preliminar de 1987, señala que en términos per cápita, el PIB global de la región aumentará sólo en un 0,5 por 100 en 1987, comparado con el todavía bajo aumento del 1,4 por 100 de 1986.

El informe concluye que estas cifras significan que «el deterioro de las condiciones de vida sufridos por la mayoría de las economías latinoamericanas relativamente más pobres, continuó en 1987». Ade¬más, ha habido una aceleración en la tasa de inflación. Al frente se encuentra Nicaragua, con un 1.226 por 100; Brasil, 338 por 100; Ar¬gentina 178 por 100 y México con 144 por 100.

Lo más preocupante es la alta tasa de inflación entre las tres nacio¬nes latinoamericanas más grandes, que también tienen la deuda más alta.

Cuando se recuerda que la deuda externa total aumentó en más del 4 por 100 en 1986, parece real que el problema del servicio de la deuda se volverá más oneroso en la década que se avecina.
La mayoría de los norteamericanos ven la emigración latinoameri¬cana como un problema de inmigración de Estados Unidos. Es visto fundamentalmente en el sentido de cómo absorber o rechazar los mi¬llones de personas desplazadas que se dirigen hacia Estados Unidos. La respuesta inicial y probablemente la primera de muchas, fue la ley Simpson-Rodino.
La misma aspira a aceptar inmigrantes ilegales que puedan probar que comenzaron a vivir en Estados Unidos antes de 1982 y rechazar las migraciones posteriores mediante la imposición de multas a em¬pleadores que con conocimiento hayan contratado a inmigrantes ile¬gales desde que la ley se aprobó el 6 de noviembre de 1986. Sin embargo, el problema no es simplemente el atractivo de Estados Unidos para los inmigrantes voluntarios, sino el desplazamiento de millones de per¬sonas debido a la violencia marxista, la pobreza, la mala administra¬ción gubernamental y el crecimiento de la anarquía y la corrupción generalizadas dentro de la propia América Latina. La fuente de este problema yace en las presiones que producen la emigración.

Si las tendencias actuales continúan, es virtualmente seguro que nos enfrentamos a:

— mayores actitudes hostiles latinoamericanas;
— más Estados prosoviéticos;
— mayores amenazas al sistema financiero internacional;
— más crímenes y narcotráfico impulsado por elementos sub¬versivos;
— mayor probabilidad de participación norteamericana.
Lo que observamos es una continuación de la actitud de indiferen¬cia estratégica advertida por este comité en el primer informe realiza¬do en 1980.

A menos que Estados Unidos enfrente los problemas de la región de una forma coherente, seria y bipartidaria, no existen perspectivas de cambiar estas tendencias.
El costo de hacer frente a cada uno de los síntomas ya se ha eleva¬do súbitamente, y el precio que quizá Estados Unidos está obligado a pagar sobrepasará cualquiera que hayamos pagado en nuestros 200 años de historia.
La necesidad de democracia

Al parecér, el mayor éxito del gobierno Reagan en América Latina fue el retorno a la democracia.
Este logro, no obstante un apoyo bipartidario, puede ser más frá gil de lo que se piensa en la actualidad. Debe prestarse atención a las vulnerabilidades del régimen democrático.

Nuestro concepto del régimen comprende tanto al gobierno tem¬poral como al permanente.
En una democracia, el gobierno temporal es el funcionario electo. El gobierno permanente lo constituyen las burocracias y estructuras institucionales, que no cambian como resultado de las elecciones, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y la burocracia civil. Para que la sociedad se mantenga democrática, esta debe exigir al ré¬gimen responsabilidad. Ello requiere una comprensión de la verdade¬ra naturaleza del estatismo.
El estatismo ocurre cuando la sociedad está perdiendo o ha perdi¬do la capacidad para exigir responsabilidad al régimen. En América Latina, el estatismo es un problema profundo y persistente. Tocquevi¬lle reconoció esta persistencia del estatismo en Francia, a pesar de la Revolución. Señaló que el «anden regime» aún se aferraba al poder incluso después que la Revolución había reemplazado, al parecer de forma permanente, al gobierno monárquico por la Asamblea Consti¬tuyente. El mismo escribió: «No debemos continuar maravillándonos de ver con qué asombrosa facilidad se restableció la centralización en Francia a mediados de este siglo.

Los hombres del 89 destruyeron el edificio, pero se mantuvieron los cimientos, incluso en las mentes de sus destructores y sobre estos cimientos pudieron construir uno nuevo de repente, y más sólido de lo que se había fabricado nunca antes.»
La actitud arraigada de muchos pueblos latinoamericanos es de tal naturaleza, que aun cuando las formas gubernamentales pueden cambiar el régimen, es decir, el gobierno permanente o temporal del momento, aún produce estatismo. Los gobiernos pueden ser inesta¬bles y cambiar, pero todos tienden a abogar por la extensión del papel del régimen durante su mandato. Los amplios y absorbentes poderes del régimen continúan en todo el país donde esta perspectiva domine la cultura política.
Si un gobierno electo no está acompañado por un cambio de régi¬men y un cambio en la cultura política, entonces Estados Unidos y América Latina se separarán aún más. No debe ser una sorpresa, co¬mo aparentemente lo es, que la Unión Soviética haya recibido una cá¬lida acogida por parte de los gobernantes recientemente electos.
Sin embargo, es sorprendente que gran cantidad de informes pe¬riodísticos de Estados Unidos señalen el incremento de contactos so¬viéticos con gobernantes latinoamericanos recién electos.

Los logros soviéticos incluyen la firma de convenios de coopera¬ción económica e intercambio cultural con Brasil y Uruguay en 1987, realizado por el ministro de Relaciones Exteriores Edward Shevard¬nadze; arreglos de la Unión Soviética con Perú, en torno a la deuda, donde Moscú acordó comprar 80 barcos pesqueros y comerciales de los astilleros navales de Perú como parte de un plan de reducción de la deuda; y el primer acuerdo pesquero importante de Moscú con Ar¬gentina en 1986.
No es irónico que los esfuerzos soviéticos por fomentar vínculos con esas naciones latinoamericanas deben haber sido ayudados por la nueva ola de gobiernos electos que se han extendido por la región. Esto no es simplemente el resultado de los esfuerzos de los nuevos go¬bernantes por distanciarse de los gobiernos militares que ellos reem¬plazaron, que en muchos casos también habían cooperado con los soviéticos. Ni fue simplemente un esfuerzo por aplacar a los izquier¬distas prosoviéticos del país o una respuesta natural a una táctica so¬viética diferente hacia los Estados del Tercer Mundo.
Todos estos son factores, pero lo más importante es que el régimen latinoamericano es estatista por hábito, aun cuando esté dirigido por representantes elegidos democráticamente.
El régimen «dirigente» se sustituye a sí mismo cada vez más por iniciativa del ciudadano y reduce constantemente la esfera autónoma de la sociedad civil.

El régimen soviético es más compatible con el estatismo latinoa¬mericano que Estados Unidos. En muchos casos es así, aun cuando el régimen latinoamericano sea ostensiblemente democrático.
El aumento de las becas soviéticas para estudiantes latinoamerica¬nos es una muestra del reconocimiento de Moscú de que la educación y el adiestramiento soviético en los Ministerios del Estado soviético, es adecuado para la penetración del régimen estatista latinoamericano.

En 1978, Moscú ofreció 2.900 becas. Una década después el total se triplicó hasta los 10.000 aproximadamente. El deseo de los soviéti7 cos de comerciar a través del trueque y de crear amplios proyectos del sector público se ajusta a las mentalidades estatistas de las culturas soviéticas y latinoamericanas.
Además, la buena voluntad de Moscú de comprar computadoras y software a Brasil está abriendo acceso al país más rico de América Latina. Por otra parte, esto coincide con ofertas para establecer em¬presas conjuntas, en ferromanganeso, por ejemplo, y vender vehícu¬los de lanzamiento para promover el programa espacial de Brasil. A su vez, estas medidas presionan a Argentina a cooperar más con los soviéticos, particularmente porque Moscú continúa preocupándose por el desequilibrio comercial resultante de las masivas compras de gra¬nos argentinos.
Sin embargo, el problema fundamental es cultural, la lucha en tor¬no a cuál es la naturaleza del mejor régimen. Por lo tanto, la cuestión no es sólo sobre las formas y procesos de los gobernantes electos. El hecho de centrarse en los procesos eleccionarios opaca los demás re¬querimientos esenciales para la responsabilidad democrática.
Existe una tendencia para los que abogan por la democracia en Estados Unidos de hacer énfasis en las elecciones con la exclusión de los demás requisitos. Por ejemplo, el estatismo es a menudo visto sim¬plemente como una forma de bienestar. Lo que no se entiende es que el régimen estatista en América Latina socava la independencia de la sociedad como una sociedad activa y con confianza en sí misma, que pueda y haga que sus representantes rindan cuentas de su responsa¬bilidad.

El régimen democrático es aquel en el cual el gobierno tiene la res¬ponsabilidad de preservar la sociedad existente de ataques externos o intromisión por parte del aparato estatal permanente.
Estados Unidos es resurgente. Hemos rescatado el orgullo y las in¬tenciones que perseguíamos cuando construimos este país y que lo con¬virtieron en el gran poder que es en la actualidad.
Pero con el gran poder surgen grandes responsabilidades, y Estados Unidos no puede darse el lujo de seguir actuando con torpeza.

En la Unión Soviética hacemos frente a un adversario que no se enfrenta al mismo tiempo con la responsabilidad que nuestro gobier¬no; la estructura de poder en Moscú permite al Buró Político dirigir una política exterior eficaz, concertada y de largo alcance. Los estra¬tegas políticos norteamericanos tienen que enfrentarse al hecho de que los intereses soviéticos son opuestos a los nuestros, no sólo en térmi¬nos geopolíticos sino porque los valores e ideología que promueven son fundamentalmente antagónicos a la libertad y a la democracia del régimen. Los estrategas políticos norteamericanos tienen que estar en condiciones de reconocer la amenaza de los soviéticos y luego contra¬rrestarla. Esto significa que la política y programas específicos y obje¬tivos tienen que ser coordinados con los propósitos e intereses nacionales norteamericanos a largo plazo y que esos intereses y pro¬pósitos se mantengan rigurosamente en el centro de la atención.
Además de tener que enfrentar la amenaza soviética, las naciones latinoamericanas también tienen muchos problemas internos estruc¬turales. Estados Unidos debe ayudar a estos países a ayudarse a sí mis¬mos, garantizando que cualquier esfuerzo genuino por promover la democracia sea premiado.
No podemos permitir que sean esclavizados por narcotraficantes, terroristas ni un estado expansivo, de la misma forma que no pode¬mos permitir que se expanda la tiranía imperial de los soviéticos. No podemos ser espectadores pasivos de que el esfuerzo por eliminar la pobreza sea socavado por políticas estrechas que destruyan la economía.
Los estrategas políticos norteamericanos deben hacer llegar el men¬saje de forma categórica y clara: el buen vecino está de regreso y se va a quedar.

Primera parte

Bases para una política democrática

Los norteamericanos han tendido a creer que las elecciones democrá¬ticas son suficientes para establecer actitudes democráticas en el go¬bierno permanente y promover una mejoría en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Sin embargo, es convincente el he¬cho de que aun cuando se hayan instalado formas democráticas en América Latina, el patrón del estatismo no ha sido alterado. De he¬cho, Estados Unidos se enfrenta a dificultades crecientes para condu¬cir sus relaciones políticas, económicas y diplomáticas con muchas de estas democracias, al tiempo que es testigo también del aumento de la influencia y visibilidad soviéticas.

Los soviéticos hacen una clara diferenciación entre estar en el go¬bierno y estar en el poder. Esta diferenciación significa abordar cuál es la esencia del régimen; es decir, si la forma gubernamental está acorde con la estructura gubernamental permanente. Esta diferenciación, por ejemplo, explica la razón por la cual para los soviéticos, los comunis¬tas locales del gobierno no tienen el poder hasta que tienen el control de las Fuerzas Armadas. Estados Unidos debe procurar una cultura prodemocrática en el gobierno permanente, al igual que en el temporal.
El régimen democrático requiere que el mecanismo político per¬manente, es decir, las estructuras burocráticas para mantener el orden y administrar la justicia, así como que el gobierno temporal, es decir, el gobierno electo, sirva a los intereses de la sociedad. El régimen de¬mocrático tiene el objetivo de preservar la independencia de la socie¬dad, convertir la sociedad en una comunidad más verdadera y rendir cuentas de su responsabilidad ante la sociedad.
Los elementos más significativos de este objetivo de la política de Estados Unidos incluye que los gobernantes latinoamericanos acep¬ten verificación del poder político y mantengan una diferenciación entre el régimen y la sociedad. La tendencia en Estados Unidos es hacer cen¬tro excesivo en los procesos electorales. Con lo importante que es es¬to, existe un entendimiento limitado en cuanto al problema del establecimiento de un régimen democrático y constitucional funcio¬nal en Latinoamérica.

Haití brinda un ejemplo dramático. Los funcionarios norteameri¬canos después de la huida de Duvalier estaban ansiosos por establecer una democracia, lo que significa efectuar elecciones. Resultado: el san¬griento fracaso del pasado noviembre que demostró que Haití —tanto la sociedad como el régimen— no estaba preparado en lo absoluto para un gobierno democrático. Este estrecho enfoque demuestra que los fun¬cionarios norteamericanos no han entendido el profundo conflicto cul¬tural que está teniendo lugar en los países latinoamericanos.
seguir siendo profundamente estatista y aún se seguiría moviendo ine¬xorablemente hacia un poder absolutista en una sociedad ostensible¬to ente debilitada' .

En este sentido político, el estatismo incluye estatismo y naciona¬lismo integral. Existen tendencias hacia el control centralizado de la actividad económica y la no clara distinción entre sociedad y régimen. Si los que son electos para el gobierno mantienen puntos de vista esta¬tistas del régimen, entonces el proceso hacia el estatismo y de ahí ha¬cia un régimen antidemocrático, no podrá ser reversible con las elecciones.

La ofensiva marxista cultural

El importante e innovador teórico marxista que reconoció la relación de los valores que la gente observa en la creación del régimen estatista fue Antonio Gramsci (1881-1937). Gramsci afirmaba que la cultura o el conjunto de valores de la sociedad mantienen primacía sobre la eco¬nomía. Según Gramsci, los trabajadores no conquistarían el régimen democrático, pero los intelectuales sí. Para Gramsci, la mayoría de los hombres tienen los valores comunes de su sociedad, pero no están cons¬cientes de por qué sostienen sus puntos de vista o de cómo los adqui¬rieron en primera instancia. De este análisis se desprendía que era posible controlar o dar forma al régimen a través del proceso demo¬crático si los marxistas podían crear los valores comunes dominantes de la nación.

Los métodos marxistas y los intelectuales marxistas podían lograrlo mediante la dominación de la cultura de la nación, un proceso que requería una fuerte influencia en su religión, escuelas, medios de di¬fusión masiva y universidades.
Para los teóricos marxistas, el método más prometedor para crear un régimen estatista en un ambiente democrático, era a través de la conquista de la cultura de la nación. Conforme a este patrón, los mo¬vimientos marxistas en América Latina han sido encabezados por in¬telectuales y estudiantes y no por trabajadores.

Es en este contexto que debe entenderse la Teología de la Libera¬ción; es una doctrina política disfrazada de creencia religiosa con un significado antilibre empresa y antipapal, para debilitar la indepen¬dencia de la sociedad del control estatista.
Es un retroceso al galicanismo del siglo xvi donde los reyes que gobernaban según los derechos divinos, trataban de subordinar a la Iglesia tradicionalmente independiente. Así vemos la innovación de la doctrina marxista vinculada a un viejo fenómeno religioso y cultural.

El impulso de la penetración cultural en América Latina es segui¬do por diferentes teóricos educacionales marxistas en escuelas y uni¬versidades. El control del Estado sobre la educación está aumentando a través de los libros de texto y manuales y las burocracias educacio¬nales exigen más.
Un ejemplo típico fue expresado verbalmente en el gobierno de Lá¬zaro Cárdenas en México en la década de 1930. Gonzalo Vásquez Ve¬la, ministro de Educación del gobierno de Cárdenas, afirmó que el «materialismo dialéctico era la base filosófica de la educación me¬xicana».
El predominio de la izquierda en gran parte de los medios de difu¬sión en toda América Latina, también debe entenderse en este contex¬to. Ningunas elecciones democráticas pueden modificar la continua inclinación hacia el régimen estatista, si la «industria de la elevación de la conciencia» está en manos de intelectuales estatistas. Los me¬dios de difusión, las iglesias y las escuelas continuarán desviando las formas democráticas hacia el estatismo si los Estados Unidos y los nuevos gobiernos democráticos no reconocen esto como una lucha del régimen. La cultura social y el régimen deben estar concebidos para proteger una sociedad democrática.

Una respuesta institucional Propuesta N. 1

Estados Unidos no puede interesarse sólo por procesos democráticos formales, sino que debe establecer programas para apoyar la demo¬cracia entre la burocracia permanente, incluidas las Fuerzas Armadas y la cultura política.

Propuesta N. 2

Estados Unidos debe reconocer la necesidad de la existencia de go¬biernos que traten de crear regímenes democráticos para refrenar a par¬tidos antidemocráticos.
El hecho de centrar la atención en el régimen democrático requeri¬rá ir más allá de la forma de democracia (es decir, las elecciones) y proporcionar, cuando sea posible, los medios para fortalecer las insti¬tuciones democráticas locales, tales como los sindicatos, grupos em¬presariales independientes, asociaciones comerciales y organizaciones educacionales. La Alemania Posthitleriana brinda un ejemplo ins¬tructivo.
Sólo mediante el fortalecimiento de grupos autónomos como los grupos empresariales de México, o la prensa independiente de Perú, la sociedad puede desarrollar su voluntad democrática para vencer el autoritarismo estatista.
Los estrategas políticos norteamericanos no deben dejar de la ma¬no los intereses de los gobernantes políticos relacionados con la pues¬ta en práctica de la democracia en sus países respectivos. Lo que podría no parecer una completa democratización a primera vista, podría pro¬bar ser en realidad una respuesta precisa a las necesidades particula¬res de un país. A las democracias latinoamericanas se les debe dar la oportunidad de desarrollar sus instituciones políticas hasta el punto en que sea discernible alguna medida de estabilidad. Para que esto se cumpla cuanto antes, se deben disminuir, cuanto sea posible las fuer¬zas opuestas al desarrollo.

Esta propuesta no es sólo importante porque apoya el derecho de los regímenes latinoamericanos a establecer los límites constituciona¬les del quehacer político democrático, sino también porque reafirma el apoyo de los Estados Unidos a la autonomía latinoamericana.
De acuerdo con nuestro respaldo a la autodeterminación latinoa¬mericana, debemos aceptar el hecho de que en la mayoría de los regí¬menes latinoamericanos va a haber una mayor concentración de poder en la rama ejecutiva y no en la legislativa. La proclividad latinoameri¬cana de maniobrar en torno a la legislatura por decreto ejecutivo tiene una larga historia y en países como México y Perú, esto significa que el verdadero control del poder de la rama ejecutiva proviene del apa¬rato partidista y no del electorado. El elemento importante lo consti¬tuye el hecho de si el régimen rinde cuenta de su responsabilidad al pueblo o no.

Propuesta N. 3

Estados Unidos debe fortalecer su capacidad para cultivar valores de un régimen democrático con las fuerzas armadas de la región. Con esta comprensión, no se reduciría el programa de Entrenamiento y Edu¬cación Militar Internacionales (IMET) por razones tales como la im¬posibilidad del pago de las deudas a la AID.

Propuesta N. 4

Estados Unidos debería aumentar el presupuesto de la USIA (Agen¬cia de Información de Estados Unidos) y fortalecer la Oficina de Di¬plomacia Pública.
En la lucha por mantener los pasos que están siendo dados por América Latina para lograr un régimen democrático, Estados Unidos tiene que mantener y desarrollar programas que cultiven los valores democráticos dentro del gobierno permanente. En este sentido, el pro¬grama de IMET es de extraordinario valor en cuanto a dar forma al régimen democrático, haciendo que los militares norteamericanos compartan sus conocimientos sobre la democracia. El impacto de este pro¬grama, por tanto, no puede verse exclusivamente en términos de sus beneficios militares, sino también en cuanto a su contribución a los esfuerzos por la democratización.

La vinculación de perjudicar los diferentes programas de esta ma¬nera, los formuladores de política de Estados Unidos deberían reco¬nocer el potencial dinámico que tienen estos tipos de programas para producir un impacto en las apreciaciones institucionales y sociales de los regímenes latinoamericanos. El desarrollo de una política cultural es decisivo para el apoyo de Estados Unidos a la gestión latinoameri¬cana encaminada a mejorar la cultura democrática. El esfuerzo Grams¬ciano por socavar y destruir la tradición democrática, mediante la subversión o corrupción de las instituciones que contienen o mantie¬nen esa tradición, debe ser combatido. El aumento del presupuesto de la USIA con este problema particular en mente, debe tener la priori¬dad número uno.

Propuesta N. 5

Para promover realmente los derechos humanos, Estados Unidos de¬bería ayudar a fortalecer los sistemas judiciales en la región. También debería diferenciar entre los grupos de los derechos humanos que apo¬yan al régimen democrático y los que apoyan al estatismo.
Los derechos humanos sólo pueden comprenderse correctamente como el derecho de los hombres a hacer que los sistemas de justicia estatal sean responsables. Un sistema ineficaz, atrasado tecnológica¬mente y con personal insuficiente no es responsable ante la sociedad. La marca del progreso de América Latina hacia el régimen democráti¬co será cuando el sistema estatal de justicia —tanto los tribunales co¬mo la policía— sean debidamente financiados y rinda cuenta ante funcionarios responsables.

Estados Unidos debería estar ayudando a ese proceso directamen¬te en una escala mayor que la actual.
En vez de cegarse ante las diferencias entre los grupos de los dere¬chos humanos que apoyan al régimen democrático y los que al estilo de Gramsci, apoyan el estatismo, los formuladores de política de Es¬tados Unidos tienen que desarrollar su comprensión de la raíz del pro¬blema y atacarla, en vez de atacar los síntomas.

Segunda parte

Estrategia económica

La política económica de Estados Unidos debe estar relacionada con nuestro apoyo al régimen democrático. Ese régimen requiere un salu¬dable sistema económico independiente del control e interferencia excesivos por parte del gobierno. El desarrollo de un mercado de capital nacional autónomo y privado es indispensable para mantener a la so¬ziedad independiente.
Una de las mayores decepciones de la era Reagan fue el no utilizar la crisis de endeudamiento para crear mercados de capital saludables como recomendó este comité en 1980. Cuando el problema de la deu¬da devino en crisis en 1982, el foco principal estaba en mantener la solvencia de los acreedores y la liquidez de los deudores.
Aunque ese objetivo escasamente se ha cumplido, la posibilidad de que las sociedades latinoamericanas evolucionaran hacia el capita¬lismo democrático —es decir, sistemas de libre empresa y mercados de capital nacionales que mantengan sociedades independientes— en gran medida se había perdido.
Aún no es demasiado tarde para lograrlo. La actual crisis de en¬deudamiento debería ser utilizada para hacer avanzar el proceso de transición de América Latina, de gobiernos democráticos a regímenes democráticos.

Ajuste de la deuda

Aunque resulta una medida progresista la reducción de las cargas de la deuda sobre los estados latinoamericanos mediante innovaciones ta¬les como el Plan Baker, los cambios de deuda por capital, el plan me¬xicano, la reestructuración y otras por el estilo, la política que tiene que ver con el endeudamiento, también debería incluir medidas me¬diante las cuales la gestión de la deuda apoye la creación de mercados de capital nacionales. Es probable que ninguna propuesta específica sea definitiva, pero una forma de acercarse a este objetivo podría ser algo que tuviera que ver con la reventa de la deuda en el mercado na¬cional. Un modelo de esto es el exitoso financiamiento de la deuda interna de Estados Unidos por Alexander Hamilton durante la funda¬ción de dicho país.

Propuesta N. 1

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos deberá desempeñar un papel predominante en la formulación de una solución de la crisis de endeudamiento estructural que afecta a muchos de nuestros veci¬nos latinoamericanos. La solución de la crisis debe partir del recono¬cimiento de que la actual carga de endeudamiento tiene que ser reducida porque jamás podrá ser reembolsada en las condiciones actuales. S( encuentran disponibles un número de variantes del Plan Morgan/Te¬sorería/México, de diciembre de 1987.

Finalmente se ha reconocido que la crisis de endeudamiento es es¬tructural. La deuda de algunos países está por encima de su capacidad de reembolso. Los países menos desarrollados (PMD) en su conjunto, deben por lo menos 450 millones de dólares y si a esa canti¬dad se aplican las actuales tasas de interés, los países deudores paga¬rían «en interés solamente» un billón ochocientos mil millones de dólares (1.800.000.000) en los próximos veinte años ¡sin reducir el prin¬cipal de su deuda en un centavo! Sin embargo, el solo hecho de man¬tener dichos niveles de pagos de interés tendrá efectos devastadores sobre sus economías y la nuestra. Los países deudores tendrán un cre¬cimiento negativo o de cero, lo que dará lugar a un aumento en los niveles de pobreza y no tendrán dinero para adquirir los productos de Estados Unidos. Se estima que desde 1982, el deterioro de las eco¬nomías latinoamericanas provocado por la deuda ha costado a los pro¬ductores de Estados Unidos 70 mil millones de dólares en ventas perdidas.

Propuesta N. 2

Los cambios de deuda por capital que están demostrando ser un ve¬hículo efectivo para que las naciones latinoamericanas deudoras reduz¬can la deuda externa a descuento, deberían ser promovidos enérgicamente como medio de estimular el crecimiento del sector pro¬ductivo privado.
Los cambios de deuda por capital permiten que los inversionistas nacionales o extranjeros (poseedores de dólares) compren deuda ex¬terna o descuento a los acreedores y luego intercambien el papel mo¬neda en valor nominal por moneda local. Así, por ejemplo, un inversionista puede comprar un préstamo de 50 millones de dólares a un banco norteamericano por 25 millones de dólares y el banco del país deudor le da pesos por valor de 50 millones de dólares a condi¬ción de que los pesos cambiados por la deuda sean empleados en una empresa productiva. Sin embargo, deberá tenerse el cuidado de esti¬mular a los residentes locales a participar en los cambios y empresas conjuntas basadas en este tipo de cambio, para no provocar un nega¬tivo nacionalismo en lugares donde ha habido una tradición de hosti¬lidad hacia la inversión extranjera.

Capitalismo de Estado frente a empresa privada Propuesta N. 3

Las estrategias inversionistas y la política comercial de Estados Uni¬dos deberían realizarse con la idea de ayudar a la formación de mer¬cados de capital nacionales en naciones individuales de América Latina. Por ejemplo, las ganancias comerciales podrían utilizarse en parte pa¬ra fortalecer los mercados de capital internos y los inversionistas po¬drían estar dispuestos a aceptar algunos instrumentos deendeudamiento en sus convenios de empresa conjunta si también son coordinadas estrategias de ayuda pública de Estados Unidos y otras para desarrollar un mercado de capital privado nacional en naciones latinoamericanas innovadoras.

Propuesta N. 4

Estados Unidos debería estimular tanto a través de programas públi¬cos como privados el desarrollo de la empresa privada en América La¬tina y hacer intentos para acelerar la privatización de las industrias paraestatales.
Básicamente existen solamente dos tipos de sistemas económicos: el capitalismo de estado y el capitalismo privado. Lo que necesita Amé¬rica Latina es empleos y producción. Sólo el capitalismo democrático puede proporcionar la producción masiva al menor costo unitario pa¬ra el consumidor. La privatización de empresas paraestatales antieco¬nómicas ha demostrado ser un éxito en Costa Rica, donde el gobierno ha transferido cuarenta y uno o cuarenta y dos entidades gubernamen¬tales que perdieron más de cincuenta millones de dólares en una déca¬da y sólo proporcionaron 2.200 empleos.
Estas firmas gubernamentales fueron vendidas a precios descen¬dentes a acreedores extranjeros, mediante el sistema de cambio de deuda por capital —con lo que se redujo la deuda externa de Costa Rica—o mediante la utilización de los fondos de la LP 480 para adquirir las acciones del gobierno.

La privatización y la promoción del sector privado hicieron posi¬ble que los costarricenses concentraran sus esfuerzos en nuevos pro¬ductos orientados hacia la exportación, tales como piña, macadamia, mango, otros cítricos y productos de la industria ligera. El desplaza¬miento del café, el algodón, el ganado y el banano como rubros de exportación, hizo que los costarricenses pudieran aumentar sus expor¬taciones no tradicionales de trescientos millones de dólares en 1986, a 500 millones en 1987, un aumento del 66 por 100 en un año. Esto constituyó un logro notable para el sector privado.

Iniciativas económicas y ecológicas Propuesta N. 5

La Iniciativa para la Cuenca del Caribe necesita ser revitalizada, ampliada y extendida durante unos doce años adicionales, hasta el 2007.
La Iniciativa para la Cuenca del Caribe, ha sido un éxito relativo, aun cuando las inversiones privadas directas de Estados Unidos todavía no han alcanzado el nivel esperado inicialmente, debido en gran medida a la confusión inicial. La Agencia para el Desarrollo ro (OPIO) pueden revitalizar la iniciativa mediante un programa de promoción de inversiones ampliado, que trate de identificar las opor¬tunidades para inversionistas eventuales, al dar un énfasis particular a las posibilidades de empresa mixta entre Estados Unidos y los ciu¬dadanos del país anfitrión.
La variedad de productos que se permitió incorporar en el merca¬do libre de impuestos de Estados Unidos debería ser ampliada para incluir una variada gama de productos confeccionados a partir de te¬jidos y otros materiales norteamericanos.

Propuesta N. 6

La política comercial agrícola de Estados Unidos con países latinoa¬mericanos y los programas de asistencia norteamericana a los sectores agrícolas de dichos países deben presionar para elevar al máximo las ventajas comparativas y estimular la transferencia hacia la producción de cultivos para liquidación corriente, a fin de aumentar el comercio recíproco.
Los mercados norteamericanos de vegetales y frutas frescas de in¬vierno, son los ejemplos más obvios de donde una reducción de las barreras de importación a los mercados norteamericanos para los pro¬ductos latinoamericanos ha aprovechado las ventajas de producción comparativas para beneficio mutuo.
El terreno, el clima y el costo relativo de mano de obra y tecnolo¬gía brindan a Estados Unidos una ventaja en costos de producción de cereales y frijoles frente a México, Centroamérica y el Caribe.
De manera similar, la cuenca del Caribe posee ventajas en la pro¬ducción de frutas, vegetales y azúcar. Sin embargo, el maíz y los frijo¬les son elementos básicos en la dieta de muchos de estos países. Los agricultores pequeños de Guatemala o Costa Rica pueden recibir ma¬yores ganancias mediante la producción de cultivos para la liquida¬ción corriente, tales como melones, espárragos, frambuesas, etc., para la venta a Estados Unidos y la compra de maíz importado de dicho país.
Conscientes de la realidad económica de las ventajas comparati¬vas, la agricultura chilena se encuentra en la vanguardia en cuanto a la ampliación de la producción de cultivos especiales para la exporta¬ción, mayormente hacia el Oriente, Europa y Estados Unidos.

Las frutas, los vegetales y otros cultivos especiales requieren gran intensidad de trabajo y emplean «los más pobres entre los pobres» en áreas rurales menos desarrolladas, lo que también impide a los cam¬pesinos integrarse a las filas de los desempleados urbanos.
Debido al enorme éxito de la «Revolución Verde» encabezada por los programas de terreno de la AID e investigativos de la Rockefeller Foundation, la producción de cultivos de granos vitales ahora requie¬re una fuerza de trabajo sumamente reducida. Esto permite el redes¬plazamiento de los trabajadores hacia nuevos y rentables esfuerzos agrícolas.

Propuesta N. 7

El azúcar centroamericano y caribeño deberá recibir un acceso mu¬cho mayor a los mercados norteamericanos mediante la desaparición progresiva del sistema actual de cuota proteccionista. Esta ahorrará dinero a los consumidores norteamericanos y estimulará las econo¬mías de nuestros vecinos.
Los consumidores norteamericanos ahora pagan hasta siete veces el precio del azúcar en el mercado mundial, porque las actuales leyes de Estados Unidos establecen para el azúcar un mercado no competi¬tivo y de casi paridad entre precios de oferta y de demanda; así como fijan precios a niveles artificialmente altos para beneficio de 12.000 productores azucareros internos solamente. Esta situación se ha em¬peorado durante los últimos ocho años. Es un total desatino el hecho de que al mismo tiempo que nuestro gobierno ha estado aumen¬tando la ayuda económica a esa región, ha cerrado más nuestro mer¬cado a uno de los productos de exportación más importantes de la región.

Propuesta N. 8

Estados Unidos trabajando dentro del marco de la OEA y en coope¬ración con grupos privados que trabajan en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, debería hacer todo lo posible por proteger los restantes bosques tropicales y devolver el equilibrio ecológico a las áreas denudadas y deforestadas.
Vastas extensiones de bosques tropicales han sido destruidas en el último decenio, creando así un área de terreno baldío en Centroamé¬rica, el Caribe (especialmente Haití), la Cuenca del Amazonas y Pa¬namá. Una vez despejadas, han tenido lugar la erosión y la destrucción ambiental en lugar de las empresas agrícolas productivas.
Los esfuerzos interamericanos en la reforestación y, donde sea po¬sible, en hacer que la tierra vuelva a su estado primitivo, deben ser coordinados con programas similares iniciados en 1985 por el Banco Mundial, el Instituto de Recursos Mundiales y las Agencias de las Na¬ciones Unidas. Deberá fundarse la Escuela Agrícola para los Trópicos Húmedos, proyectada en Costa Rica en 1986.
Propuesta N. 9
Estados Unidos deberá reconsiderar el Programa de Plantas Geme¬las/Industrias Fronterizas con México, a la luz de posibles costos eco¬nómicos y sociales a largo plazo en ambas repúblicas.
Las maquiladoras a lo largo de la frontera mexicano-norteamericana, han proporcionado empleos a cientos de miles de me¬xicanos. Sin embargo, no está claro si ha existido un beneficio corres¬pondiente para los trabajadores norteamericanos. Además, los millones de mexicanos que han sido atraídos hacia el norte, y cuyas aspiraciones no han sido satisfechas, tienden a llegar a Estados Unidos a través de la frontera, lo que acelera aún más la inmigración ilegal.
Muchos de los mexicanos que cruzan la frontera mexico¬norteamericana son hombres que por lo general no pueden obtener empleo en las maquiladoras, ya que las principales habilidades ma¬nuales y el trabajo a destajo son mejor desempeñados por las muje¬res. Este empleo excesivo de mujeres ha tendido a debilitar la estructura familiar mexicana y a exacerbar las ya pésimas condiciones sociales, ambientales, sanitarias y educacionales en los pueblos fronterizos.
De forma adicional, la concentración de nuevas industrias a lo largo de la frontera norteña de México ha desequilibrado aún más el ya irre¬gular desarrollo de dicho país.
Por tanto, las industrias norteamericanas deberían considerar el traslado de sus maquilas mucho más hacia el interior de México. Este cambio hacia el sur desde la frontera aumentaría el desarrollo equili¬brado de México, promovería las industrias locales, estabilizaría la fa¬milia mexicana y ayudaría a resolver algunas de las condiciones sociales y sanitarias estimuladas por el Programa de Industrias Fronterizas. A largo plazo, dicho traslado hacia el interior de México beneficiaría a ambos países.
Tercera parte
Estrategia para trabajar con las instituciones permanentes
de las naciones latinoamericanas y fortalecer la cooperación regional
Los principales pilares de los gobiernos permanentes de los regímenes latinoamericanos son las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. La po¬lítica hacia un régimen prodemocrático debe reconocer que tanto las instituciones militares como judiciales, soportan cargas pesadas al abor¬dar los Conflictos de Baja Intensidad (LIC) y los narcóticos, mientras se acostumbran a las exigencias democráticas para la responsabilidad ante administraciones temporales. Las iniciativas bilaterales de Esta¬dos Unidos en el fortalecimiento de estas instituciones deberán ser apo¬yadas multilateralmente a través de la OEA.
El problema del Conflicto de Baja Intensidad Propuesta N. 0 1
El Congreso de Estados Unidos ha reconocido la creciente amenaza del Conflicto de Baja Intensidad para los nacientes regímenes demo¬cráticos. El mismo ha ordenado el apoyo de Estados Unidos a las fuer¬zas armadas de la región que enfrentan este reto. El Poder Ejecutivo

tomar medidas rigurosas para poner en práctica la presente le-ón. chos de los regímenes de América Latina están enfrentados a ha sido identificado en Washington como Conflicto de Baja dad. Este término crecientemente omnipresente, es utilizado para ir una forma de guerra que incluye las operaciones sicológicas, formación, la información errónea, el terrorismo y la subver- cultural y religiosa. El Congreso de Estados Unidos ha establecí dD por ley una respuesta razonable a este problema ampliamente
~ocido. Sin embargo, la rama ejecutiva del gobierno ha sido extre¬madamente vacilante en la aplicación de la legislación.
En 1986 el Congreso aprobó y el presidente firmó la Ley de Reor¬~ación del Departamento de Defensa Goldwater-Nichols, de 1986. Esta ley fue aprobada porque el Departamento de Defensa no estaba apoyando adecuadamente las Operaciones Especiales (SO), ni estaba abordando plenamente las consecuencias del Conflicto de Baja Inten¬sídad. Además, fue añadida una enmienda que indicaba a Estados Uni¬dos la creación de un Comando de Operaciones Especiales. Esta ley requería un nuevo Subsecretario de Defensa para Operaciones Espe¬ciales y Conflictos de Baja Intensidad. Fue creado, además, un nuevo comando unificado con amplias responsabilidades de adquisición, en¬trenamiento y promoción, único entre los Comandos Unificados. Al comando le fue conferido, en virtud de la ley, su propio Programa de Fuerza Importante en el Presupuesto para la defensa, MDF-11. El Con¬greso deseaba que la planificación respecto a los Conflictos de Baja Intensidad estuviera en pie de igualdad con la planificación estratégi¬za global. Aunque se produjeron fuertes críticas a la ley, el Congreso la ha seguido apoyando. Esta nueva ley deberá brindar un mejor me¬canismo para abordar otros problemas decisivos y conexos tales como el terrorismo, el narcotráfico y las operaciones hostiles sicológicas y de inteligencia. Los creadores de la ley reconocen que Estados Unidos es vulnerable a otras formas de guerra aparte del principal conflicto armado.
Propuesta N. 2
Estados Unidos debe estar preparado para ampliar su programa de asistencia militar a las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, como parte de su reconocimiento de que las insurgencias indígenas son explota¬das y agravadas desde el exterior. La complejidad de este desafío re¬quiere una respuesta global de parte de nuestra sociedad.
Propuesta N. 3
Si las tendencias mantienen su curso actual, Estados Unidos continuará enfrentando la exportación de la revolución desde Nicaragua hasta la

década de 1990. Una política de contención no será poco costosa y a lo largo no será funcional. Estados Unidos o bien tendrá que apo¬yar la democratización de Nicaragua o pagar costos elevadísimos para combatir la subversión de los vecinos de Nicaragua.

Propuesta N. 4
Una política de democratización de Nicaragua requerirá un desarro¬llo sumamente sofisticado de la doctrina del Conflicto de Baja Inten¬sidad. El aspecto más importante de este desarrollo será la educación de los medios de difusión y la opinión pública norteamericanos, en cuanto a la propensión de los regímenes comunistas nacionales lati¬noamericanos para subvertir a sus vecinos con el apoyo encubierto de la Unión Soviética.

Propuesta N. 5
La opinión pública y las instituciones privadas de Estados Unidos de¬ben emprender la educación de los medios de difusión y los dirigentes comunitarios, en cuanto a la naturaleza de la estrategia del conflicto marxista leninista, según fue adoptada por los nacionalistas a los pro¬blemas del subdesarrollo. El casamiento del comunismo con el nacio¬nalismo en América Latina, sin embargo, representa el mayor peligro para la región y para los intereses de Estados Unidos.

Propuesta N.' 6
Con el apoyo bipartidista entre el Congreso y el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, los propios latinoamericanos pueden anular la co¬munización de sus tierras, instalar regímenes democráticos en la re¬gión, y satisfacer su aspiración de lograr la autodeterminación.

El bloque soviético está proyectando exitosamente su poder en ca¬da país de este hemisferio y todo parece indicar que estas tendencias continuarán. Es lamentable, pero cierto, que las principales potencias económicas del mundo libre democrático no están plenamente com¬prometidas a apoyar la libertad y la democracia en el hemisferio occi¬dental. Estados Unidos debe marchar a la cabeza con más recursos para las amenazadas sociedades latinoamericanas. Es imperativo que los gobiernos electos puedan hacer frente a los desafíos de la subver¬sión y el terrorismo.

La crisis de los narcóticos Propuesta N. 7
Para ayudar a las sociedades latinoamericanas a combatir el narcotrá¬fico y el terrorismo, Estados Unidos debe apoyar con asistencia financiera y técnica el desarrollo de un sistema judicial independiente. Estados Unidos necesita dar un ejemplo mediante la reducción, tam¬bién, de la demanda interna.
Mediante el apoyo a un poder judicial independiente, Estados Uni¬dos puede ayudar a los países latinoamericanos a hacer frente a los delitos relacionados con los narcóticos y el terrorismo. Si las autori¬dades judiciales tienen los medios para reaccionar rápida y eficazmente ante estos delitos, pueden evitar que el crecimiento de éstos amenace la legitimidad de sus democracias en lucha.
Además, Estados Unidos necesita dar una lección con su propio sistema de aplicación del Poder Judicial mediante la reducción de la demanda interna. En Estados Unidos, la promulgación y compulsión de la ley debe reducir las ganancias para los vendedores y aumentar sustancialmente los riesgos para los compradores. En esta forma, Es¬tados Unidos puede constituir un modelo tanto para la reducción de la demanda como para la aplicación judicial. La posesión, debe dar lugar a una sentencia en prisión; y la declaración de culpabilidad por la venta, debe dar lugar a severas penas sin libertad condicional. Des¬pués de la declaración de un fuerte ambiente de promulgación y com¬pulsión, podría explorarse e iniciarse un limitado programa de legalización, unido a la rehabilitación y educación.
Renovando la OEA Propuesta N. 8
Estados Unidos deberá conceder mucho más énfasis al trabajo con los miembros de la OEA sobre los problemas compartidos de la segu¬ridad militar (Conflictos de Baja Intensidad), el narcotráfico, la inmi¬gración y la deuda.
Mediante el trabajo con la OEA sobre las propuestas relacionadas con la deuda, conjuntamente con el Banco Interamericano para el De¬sarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el De¬partamento del Tesoro, Estados Unidos dará muestras de sensibilidad ante los problemas económicos al contribir a la emigración de los lati¬nos/inmigración en Estados Unidos.
Los debates relacionados con la OEA, usualmente provocan bos¬tezos en el seno del personal de este país que tiene a su cargo la políti¬ca exterior. No debería ser así. La falta de interés de facto de la administración de Reagan en esta institución ha sido un grave error. Su promesa de satisfacer plenamente los compromisos financieros para con la organización y su posterior negativa a hacerlo, ha dañado se¬riamente la confianza en los norteamericanos.

En contraste con las Naciones Unidas, la OEA ha demostrado ser una organización mucho más amistosa. Aun cuando Estados Unidosha recibido sus castigos allí, especialmente a raíz de la crisis de las Mal¬vinas, que sigue resonando en todo el hemisferio, hay menos antago¬nismo y más cooperación en la OEA que en las Naciones Unidas.
Propuesta N.' 9
El embajador de Estados Unidos ante la OEA debería estar encarga¬do de coordinar las iniciativas multilaterales de Estados Unidos en las esferas mencionadas más arriba, con los representantes latinoamerica¬nos de la OEA de Washington. Como primera medida, Estados Uni¬dos debe ofrecer a la OEA su contribución, a fin de demostrar que toma en serio dichas responsabilidades.
Propuesta N. 10
La participación de la OEA en asuntos relacionados con la seguridad y el narcotráfico proporciona a Estados Unidos los medios idóneos para librar una guerra cooperativa y exitosa contra los imperios delic¬tivos que amenazan a todo el hemisferio.
La próxima Administración necesita poner en orden sus priorida¬des. Nuestra agenda y la de los latinoamericanos no necesariamente son incompatibles. La OEA, debidamente financiada y encaminada por la senda correcta puede ser útil para nuestros intereses mutuos.
Es de especial interés lograr que se fortalezca aún más el papel de la OEA en la promoción de una mayor cooperación entre sus miem¬bros para combatir el narcotráfico internacional. La Conferencia de Río de Janeiro y el creciente reconocimiento de que el tráfico de dro¬gas constituye un problema para la región, indican la disposición de las naciones miembros a participar en operaciones internacionales con¬juntas.
Las operaciones de paz de la OEA en América Central son preferi¬bles en grado sumo a los esfuerzos de los No Alineados y las iniciati¬vas hostiles que serían emprendidas por las Naciones Unidas en esta sensible área. Con la participación de la OEA, los Estados miembros se percatarán mejor de la amenaza externa que enfrenta la región, y la cooperación multinacional contribuirá a la legitimidad y compren¬sión internacional de los esfuerzos de paz. Por otra parte, un esfuerzo de la OEA requerirá dinero, del que en estos momentos tiene una es¬casez desesperada.
Evidentemente, la nueva Administración tendrá que tomar una de¬cisión básica respecto a lo que desea obtener de su apoyo a organiza¬ciones internacionales. Dicha decisión determinará el futuro de la OEA. Estados Unidos necesita fomentar la cooperación en todas las cues¬tiones que afecten a la comunidad en el hemisferio. Siempre que sea posible, Estados Unidos necesita subrayar su adhesión a la coopera¬ción, la autodeterminación y las responsabilidades comunes para en¬frentar el narcotráfico, el alivio de la carga de la deuda y las presiones

padecidas por las poblaciones latinoamericanas que escapan de la po¬breza, el crimen, el terrorismo y la guerra. La OEA es un foro donde Estados Unidos puede lograr que sus puntos de vista se comprendan siempre con claridad en toda la región.
Cuarta parte
Futura crisis de regímenes latinoamericanos y responsabilidades de Estados Unidos
Estados Unidos debe prepararse y prestar especial atención a cinco paí¬ses que constituyen ejemplos particularmente significativos de las pro¬gresivas crisis de regímenes latinoamericanos: México, Colombia, Brasil, Cuba y Panamá.
Una nueva política hacia América Latina para la década de 1990 ha de prestar especial atención a la amenaza genérica que enfrentan las frágiles democracias latinoamericanas y a la difícil transición des¬pués de un gobierno autoritario o totalitario. Las cinco naciones ana¬lizadas aquí proporcionan ejemplos de los problemas que comparten, hasta cierto punto, la mayoría de los restantes estados latinoamerica¬nos. Uno de ellos, México, es un régimen autoritario que enfrenta una crisis. Al parecer es incapaz de incorporar un partido o partidos de oposición legítimos. Dos de ellos, Colombia y Brasil, son democra¬cias, y los otros dos, Cuba y Panamá, son regímenes totalitarios y autoritarios decadentes. Estados Unidos tiene que prestarles espe¬cial atención como ejemplos de los problemas más generales de la región.
México Propuesta N. 1
Estados Unidos tiene que encontrar formas y medios para animar a México a aceptar una oposición legítima. Los indicios de oposi¬ción al predominio de un partido aumentan. La reforma interna del PRI no será suficiente para frenar el crecimiento de partidos de opo¬sición.
Propuesta N. 2
Estados Unidos debe apoyar cualquier esfuerzo por vender en liqui¬dación empresas de propiedad estatal y desarrollar un mercado inter¬no para enfrentar la deuda externa de la nación.

Propuesta N. 3
Todo el apoyo que Estados Unidos pueda ofrecer para mejorar el sis¬tema judicial de México, corrupto y plagado por el soborno, reviste suma importancia. Sin la realización de mejoras en esta área, la gue¬rra contra los narcóticos continuará siendo una bufonada macabra.
México ha comenzado finalmente a experimentar con reformas en el proceso de selección de candidatos de su partido de gobierno (PRI). En parte como respuesta a la caída del peso mexicano, ocurrida en 1982, el PRI ha hecho algunos esfuerzos por adaptarse a la opinión pública. Se ha permitido la celebración de elecciones primarias para la nominación de algunos de los candidatos del PRI. Sin embargo, Cuauhtemoc Cárdenas, descendiente del prominente héroe revolucio¬nario de dicho partido, llegó a la conclusión de que las reformas in¬ternas eran ilusorias; se separó del partido y formó una coalición de partidos de izquierda llamada Frente Democrático. A esta nueva opo¬sición de izquierda se une una sufrida oposición de derecha de Méxi¬co, llamada PAN.
Tanto el PAN como el Frente Democrático presentaron fuertes can¬didaturas, y el PRI, a pesar de su afanado aparato político y conti¬nuado fraude electoral, sólo pudo obtener el 50 por 100 de los votos. Cárdenas y Manuel Clouthier, candidato del PAN, continúan cuestio¬nando la legitimidad de las elecciones, lo que pudiera obligar al PRI a una mayor apertura del proceso y a instituir algunas reformas reales.
El continuado estatismo del PRI ha dado lugar a un desempleo masivo que, a su vez, da lugar a que una mayor cantidad de personas emigren. Este desempleo estructural, que según se calcula abarca el 40 por 100 de su fuerza de trabajo, tiene que ser resuelto mediante la venta en liquidación de las masivas «paraestatales». Probablemen¬tee el 85 por 100 de la economía de México sea propiedad estatal y el sector privado restante depende de la benevolencia del gobierno. Exis¬ten indicios de que hay funcionarios mexicanos que reconocen el pro¬blema: es necesario estimularlos.
Colombia Propuesta N. 4
Estados Unidos debe ir más allá de fortalecer el actual sistema judi¬cial colombiano y apoyar tribunales especiales bajo el control conjun¬to del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas para hacer frente a la amenaza de la subversión y el narcotráfico que representan una guerra abierta contra el régimen democrático.
Propuesta N. 5
Estos tribunales han de estar facultados para juzgar y que sean reclui¬dos en centros de detención especiales, bajo el control del ejército, los elementos subversivos y traficantes que operan actualmente contra la soberanía del pueblo colombiano. El problema de El Salvador se re¬petirá en mayor escala si no se adoptan pronto medidas enérgicas. Oportunamente, el apoyo y financiamiento adecuado de Estados Uni¬dos puede evitar así levantamientos y una guerra civil de envergadura.
Colombia enfrenta una doble amenaza para su seguridad e insti¬tuciones democráticas básicas. Los insurgentes, respaldados por los comunistas y cuyo número y esfera de actividad aumentaron durante la década de 1980, representan una de las amenazas. De continuar la actual tendencia, Colombia se habrá convertido en otro El Salvador para mediados de la década de 1990, por no decir antes. Pero, a dife¬rencia de esa pequeña nación centroamericana, Colombia también en¬frenta otro enemigo: el poderoso y bien afianzado cartel del narcotráfico, cuyo centro de operaciones se encuentra en las ciudades colombianas de Cali y Medellín.
Los narcotraficantes ya han destruido de manera eficaz el sistema legal de Colombia, mediante la intimidación y el soborno masivos del aparato judicial y la policía. Con recursos que pueden llegar a ser de 9 mil millones de dólares anuales, obtenidos a través de la venta de narcóticos ilícitos, fundamentalmente en este país, los señores de la droga fácilmente se pueden dar el lujo de mantener su privilegiada si¬tuación. Y para empeorar las cosas, los guerrilleros colombianos y los cartels de la cocaína operan juntos para hacer avanzar sus objetivos en ocasiones contradictorias.
En contraste, el gobierno colombiano ha iniciado, en el mejor de los casos, una campaña poco entusiasta contra estas dos amenazas. Las fuerzas de seguridad están lamentablemente mal dotadas y equi¬padas. El anterior gobierno del presidente Belisario Betancur redujo radicalmente a la mitad el presupuesto para la defensa en los críticos primeros años de la década de 1980. La administración del presidente Virgilio Barco, más realista, ha restituido esta cantidad sólo parcial¬mente, y a pesar de algunas medidas adoptadas contra el terrorismo y el tráfico de narcóticos, aún no se ha anunciado un plan de estrate¬gia nacional. Entretanto, el esfuerzo del gobierno por alcanzar la paz a través del diálogo y las negociaciones está en completo desorden.
El papel de Estados Unidos no ha sido particularmente útil, aun¬que la administración de Reagan ha presionado enérgicamente para la extradición de conocidos narcotraficantes, recientemente ha reduci¬do el programa norteamericano de asistencia a Colombia en materia de seguridad. Esta decisión fue un grave error, porque ha restado fuerza a los enérgicos términos empleados con relaciónala necesidad de que Colombia tomara medidas drásticas contra esta doble amenaza.
Así, si las tendencias actuales no se cambian, en Colombia se pro¬ducirá una importante rebelión en la década de 1990,

a nuestras costas. Por lo tanto, es posible que en la década de 1990 Colombia haga que en América Central, el singular problema de polí¬tica exterior de Estados Unidos en la década de 1980, parezca bastan¬te pequeña.
Colombia y, en América Central, El Salvador, son ejemplos claves de la necesidad de una reforma judicial. Un elemento necesario con vistas a lograr la estabilidad para estos dos países azotados por la gue¬rra es el restablecimiento del imperio de la ley. El hundimiento del Po¬der Judicial en Colombia y El Salvador, constituye una burla al fundador de Colombia, Francisco de Paula Santander, quien expresó: «Las armas nos dieron la independencia, pero las leyes nos darán la libertad.»
En El Salvador, los terroristas comunistas y los asesinos derechis¬tas han destruido, mediante la intimidación y el crimen, la capacidad de los tribunales para juzgar y sentenciar a los que violan las leyes. En la década de 1980, los guerrilleros comunistas y los narcotrafican¬tes se las ingeniaron para lograr algo similar en Colombia en una es¬cala mucho mayor. Actualmente es casi imposible condenar a cualquier terrorista o narcotraficante en ambos países. Pistoleros de derecha de estos países también han sido dejados en gran parte sin castigo por jueces que o bien viven sumidos en el miedo o han sido sobornados abiertamente tanto por criminales como por rebeldes.
Es muy tarde en Colombia y en El Salvador. Muchos creen que la guerra contra los narcotraficantes ya se ha perdido en Colombia. Sin embargo, Estados Unidos no puede permitirse que esta situación se mantenga eternamente. La próxima Administración tiene que re¬considerar radicalmente sus programas de asistencia jurídica. Una can¬tidad de dinero mucho mayor debe dedicarse a los tribunales especiales y a su protección —un elemento clave para que estas instituciones lle¬ven a cabo su misión—. A menos que lo haga, el debilitamiento de la ley y el orden se propagará por todo el hemisferio, incluido Estados Unidos.
Brasil
Propuesta N.' 6
Estados Unidos debe dar pasos dirigidos a brindar asistencia a Brasil, por su creciente crisis de endeudamiento antes de que la misma debili¬te su frágil democracia. Aun cuando se produzca el hundimiento de un gobierno electo en la década de 1990, se debe prestar asistencia a Brasil para guiarlo por la senda del crecimiento económico, a fin de que avance hacia el régimen político que necesita.
En la década de 1990, Brasil enfrentará problemas para equiparar su gran extensión con su potencial. El gigante sudamericano está inmerso en una difícil transición de retorno a la democracia, luego de más de dos décadas de gobierno militar. Con un estilo típicamente bra¬sileño, el ejército gobernó al país con mano relativamente suave y se mantuvo libre de corrupción durante ese período; pero para mediados de la década de 1980, los brasileños estaban deseosos de tener un go¬bierno civil y plenamente democrático.
Sin embargo, la transición no ha sido fácil y el actual presidente civil, José Sarney, a duras penas pudo evitar un golpe de Estado el pasado mes de marzo, debido a las acciones de un Congreso Nacional cada vez más imprudente e irresponsable, que a la vez actúa como Asamblea Constituyente. Hasta que no recibieron una advertencia de¬finitiva por parte de los militares, los redactores de la nueva Constitu¬ción estaban considerando seriamente una forma parlamentaria de gobierno (un experimento similar llevado a cabo a principios de la dé¬cada de 1960, fracasó lastimosamente) y habían decidido celebrar elec¬ciones presidenciales directas el próximo año —decisión que hubiera garantizado virtualmente la victoria izquierdista en 1989—.
Los problemas políticos en Brasil se agravan por sus actuales fra¬casos económicos. El débil gobierno de Sarney ha exacerbado proble¬mas que ya eran severos. Brasil tiene la mayor deuda externa de los países subdesarrollados, y en los últimos años no ha podido pagar el principal y los intereses a tiempo. La inflación continuará con un ín¬dice de tres dígitos. La masiva intervención del Estado en la economía y los enormes déficits presupuestarios abruman la que debería ser una de las economías más florecientes del mundo. Incluso en el período de los militares, en que se seguían políticas más prudentes, la prefe¬rencia se inclinaba hacia el crecimiento a toda costa mientras se pos¬ponían las reformas básicas de la economía.
Si el gobierno abiertamente izquierdista asumiera el poder en 1990, los problemas económicos no harán más que aumentar geométrica¬mente en la década siguiente. Antes de que eso ocurra, sin embargo, es probable que la frágil democracia de Brasil sea destruida por otro período de gobierno militar. El ejército lo hará con renuencia y posi¬blemente atacaría los problemas económicos sin entusiasmo y los de¬jaría sin resolver. Pero si se ve obligado, el ejército desempeñaría su papel histórico como moderador. Sin embargo, este nuevo ciclo de ines¬tabilidad e inseguridad no acercaría a Brasil a su objetivo de conver¬tirse en un país desarrollado y de hecho, en una importante potencia para fines de siglo.
La administración Reagan ha simpatizado mucho más con las am¬biciones brasileñas que su predecesor. La misma ha alentado de bue¬na gana el proceso democrático, al tiempo que divulga moderadamente críticas sobre violación de los derechos humanos y del programa de energía nuclear de Brasil, en contraste con el período de Carter.
Sin embargo, después de un buen comienzo, las relaciones norteamericano-brasileñas nuevamente han experimentado un deseenso. Brasil y, de hecho, toda América del Sur, ha llegado a ocupar un lugar secundario con relación a nuestros problemas en América Cen¬tral. Han surgido desavenencias en cuestiones concernientes al comercio y las inversiones, especialmente en la muy sensible área de los produc¬tos de alta tecnología, las computadoras y, en particular, el «softwa¬re». Los problemas no son, en modo alguno, responsabilidad exclusiva de Estados Unidos. Pero para que sean resueltos deben tener una prio¬ridad mayor que la que han tenido en años anteriores. La clave de la diplomacia norteamericana es que su política se lleve a cabo de un mo¬do que anime a Brasil a reestructurar su economía, a fin de que favo¬rezca las fuerzas del mercado, tanto en el país como en el exterior.
El mejor vehículo para ello ya está disponible. Creado por Henry Kissinger en 1976, el mismo establece que el Secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil se reú¬nan dos veces cada año. Pero, las reuniones por sí solas difícilmente resuelven los problemas. Es necesario que se evidencie la voluntad po¬lítica de ambas partes. La próxima Administración debe hacer ese es¬fuerzo para evitar que en la próxima década las discrepancias económicas sean incluso mucho mayores o más enconadas.
Cuba
Propuesta N. 7
Estados Unidos debe sostener conversaciones a alto nivel con la Unión Soviética, a fin de producir una retirada militar soviética de Cuba.
Propuesta N. 8
Cuando estas conversaciones lleguen a una conclusión, o al menos a un etapa prometedora, Estados Unidos debe iniciar conversaciones con Castro o su sucesor, a fin de prepararse para una Cuba posterior a él.
Propuesta N. 9
Teniendo en cuenta que el castrismo está en bancarrota y ha fracasa¬do como modelo de desarrollo y libertad, Estados Unidos debe am¬pliar sus transmisiones a Cuba por los medios de difusión como una vía de educación cívica para crear un régimen democrático. La TV-Martí debe comenzar a funcionar lo antes posible con programas di¬rigidos a enseñar los elementos de la cultura democrática.
Cuba permanece segura en la órbita de la Unión Soviética y bajo el puño de hierro del envejecido caudillo Fidel Castro. Sin embargo, a finales de siglo, Castro estará próximo a sus 75 cumpleaños. Por lo tanto, la próxima Administración debe estar preparada para la futura crisis porfirista que bien pudiera ocurrir en Cuba durante su manda

En el caso del envejecido caudillo de México, Porfirio Díaz, el ré¬gimen se derrumbó rápidamente cuando el anciano, desde el punto de vista físico, perdió el control de sí mismo y luego de su país, a prin¬cipios de siglo.
Aunque la administración de Reagan nunca buscó el origen de la descriptiva frase del ex secretario de Estado Alexander Haig, no se había hecho ilusiones acerca de la naturaleza del régimen de Castro y de su propósito principal, dañar los intereses de Estado Unidos en cualquier momento y lugar que pudiera.
En gran medida debido a presiones de Estados Unidos, los éxitos de Castro declinaron precipitadamente durante la década del 80.

En El Salvador no se produjo una ostensible y fácil victoria. Se perdió a Granada: los jamaicanos eligieron y reeligieron a un gobier¬no vehemente anticastrista. En Angola, las fuerzas cubanas han teni¬do que enfrentar a las fuerzas guerrilleras cada vez más agresivas y mejor armadas de la UNITA, de Jonas Savimbi.
En el frente interno, es evidente que la intención de Castro de crear una revolución permanente al estilo estalinista, está fracasando. La eco¬nomía continúa su titubeante paso a medida que se queda cada vez más rezagada. A diferencia de las otras economías controladas del Este, el líder de Cuba evita cualquier indicio de reforma verdadera. En Cu¬ba están estrictamente limitadas las discusiones sobre la «perestroika», por no hablar de la «glasnot».
Pero en Cuba crece la oposición interna, oposición alimentada por Radio Martí, la cual ha resquebrajado con éxito el monopolio de Cas¬tro sobre la información y la propaganda. Según afirman los deserto¬res, los militares se muestran cada vez más intranquilos como resultado de las bajas sufridas en Angola. Activistas por los derechos humanos que antes eran totalmente desconocidos, han logrado en estos momen¬tos despertar el interés internacional por primera vez, en lo referente a los deplorables antecedentes del régimen en ese frente.

En resumen, el régimen está cada vez más a la defensiva y el costo de sus aventuras en el extranjero continúa aumentando sin que se vis¬lumbre ningún beneficio patente para el pueblo cubano. El futuro ba¬jo el gobierno de Castro, según él mismo ha admitido, es igualmente sombrío, a pesar de la confianza en nuevas artimañas como las micro-brigadas y la renovada polémica guerra contra la burocracia.
El absoluto fracaso de Castro que sólo ahora se comprende vaga¬mente fuera de Cuba, es el hecho fundamental y sobresaliente que la próxima Administración debe enfrentar en la formación de un nuevo enfoque a la hora de tratar a esa esencial isla.

Con la muy real posibilidad de la desaparición de Castro en algún momento de la década de 1990, los estrategas políticos norteamerica¬nos deben estar conscientes de que se está gastando una crisis del régi¬men. Es muy poco probable que el sistema, sin su caudillo, pueda sobrevivir durante largo tiempo sin una masiva intervención soviética para imponer un títere de su propia elección, al estilo de Afganistán. Pero Cuba no es Afganistán. Cuba está en nuestra esfera de intereses, no en la de Moscú. Eso debe aclararse con energía en los primeros momentos de la próxima Administración.
Al mismo tiempo, la próxima Administración puede ayudar a pre¬parar el terreno para un rápido y positivo cambio en Cuba después de la desaparición del máximo líder. Estados Unidos debe prepararse para conversar con los principales poseedores del poder, especialmen¬te las Fuerzas Armadas Cubanas, que han pagado con lealtad un alto precio por las ambiciones globales de Castro.

Por lo tanto, previendo la inevitable y cercana crisis del régimen cubano, la próxima administración debe reconsiderar todo su enfo¬que respecto a la alianza soviético-cubana.
La nueva administración debe tomar la iniciativa en cuanto al fu¬turo del régimen cubano. Es vital que se inicien conversaciones de lar¬go alcance mientras Castro aún mantenga el control.
Estados Unidos debe indicar su deseo de normalizar rápidamente las relaciones con una Cuba desovietizada —una normalización que incluya la suspensión del embargo comercial—. Las conversaciones se¬rían incondicionales, directas y de alto nivel, sin la ayuda de interme¬diarios incuestionables.
El objetivo es restituir a Cuba como un miembro libre e indepen¬diente de la comunidad internacional y, en particular, del hemisferio occidental, para que la guerra de treinta años entre cubanos y nortea¬mericanos finalmente concluya.

Panamá Propuesta N.' 10
La expulsión de Noriega y la celebración de elecciones no serán sufi¬cientes para instaurar un régimen democrático en Panamá. Estados Unidos tendrá que centrar su atención en toda la gama de problemas que entraña un régimen democrático: la reforma de las FDP, el apoyo a un sistema judicial independiente y la restauración de la economía, serán los más esenciales.

La crisis del régimen de Panamá se produce ahora. Durante veinte años, la exuberancia democrática natural y algo desorganizada del país fue ahogada por una dictadura seudopopulista.
La administración de Carter cifró sus esperanzas en forjar una alianza con un gobierno corrupto, que creía estable, mediante la fir¬ma de dos tratados sobre el Canal de Panamá, que garantizarán el con¬trol por ese país de esa vía interoceánica para finales de siglo.

Ya en ese momento la ilusión de Carter es evidente para todos. Sin embargo, la administración de Reagan sólo ha podido formular una nueva política hacia Panamá a tontas y a locas, centrada casi exclusimente en despojar el país de un individuo, su influyente general Ma¬~ Antonio Noriega.
Pero el derrocamiento del dictador difícilmente resuelva los pro¬blemas de Panamá o cree condiciones para una sólida asociación ~neamericano-panameña.

En la década de 1990, la próxima Administración tendrá que en¬frentar serios problemas que aún están por abordar. Las leyes banca¬rias tienen que ser revisadas para evitar que el país se hunda una vez más en la corrupción basada en el cartel de las drogas. La Constitu¬cíón panameña puede ser enmendada para que permita la extradición de ciudadanos panameños culpables de delito en terceros países, aun¬que sería preferible en gran medida que esta tarea fuera asumida por un sistema judicial panameño depurado.

Además de eso, Estados Unidos y Panamá, una vez que esté en el Poder un gobierno democrático, deben comenzar a planear seria¬mente la adecuada administración del Canal, que pronto requerirá una importante y costosa reparación general. Al mismo tiempo, deben ¡ni¬ziarse las discusiones sobre una defensa realista del Canal después del ~zño 2000. Esas conversaciones deben incluir la retención por Estados Unidos de un número limitado de instalaciones en Panamá (princi¬palmente la base aérea Howard y la estación naval Rodman) para una adecuada proyección de fuerza en todo el Hemisferio Occidental.

Estas cuestiones no han sido tratadas y deben serlo para princi¬pios de la década de 1990, si se han de afianzar los intereses naciona¬les de Panamá y Estados Unidos para el próximo siglo.

' Ver Volodia Teitelboim, «Santa Fe y los intelectuales de América Latina», Arau¬caria, núm. 16, pp. 19-29, Madrid, 1981.
2 El equipo está integrado por las siguientes personas:
Sr. L. Francis (Lynn) Bouchey
Es el presidente del Consejo de Seguridad Interamericana. Ha impartido Política Lati¬noamericana en la Universidad Católica de Estados Unidos y es un investigador asocia

 
La humanidad es la única propietaria del conocimiento . rtvneruda@gmail.com